Ha estallado una bomba en la política catalana, que la ha sumido en el fangoso mundo de la corrupción, esa que los ciudadanos sospechan, comentan o dan por segura aunque pocos sean quienes logren aportar pruebas, y que siempre acaba sobrevolando la política con un manto de silencio.
En el Parlament de Catalunya se ha escuchado la acusación más grave jamás recogida en el diario de sesiones, y ha sido en boca del presidente de la Generalitat, en el fragor de un debate político con una dúplica marcada con aparente ira.
Si grave fue la mención del "tres por ciento", peor fue que se retirara a petición de un Mas que se dio por aludido con el simple dígito que corría de boca en boca.
De poco vale la explicación de que en ningún momento Maragall habría desvelado un hecho cierto ni tan sólo un rumor, sino que trataba de zaherir a CiU con citar el hecho de que el simple bulo circulante ya hipoteca su trayectoria politica (23 años de gobierno) y su honorabilidad.
La sola mención del 3% da carta de naturaleza al rumor o bulo y parece tan disparatada que hasta pone en cuestión la honorabilidad del parlante. El rumor circulante no se ciñe a un partido, sino que afecta a partidos e instituciones, gobiernos y ayuntamientos, en ese totum revolutum que atribuye a todos haberse financiado con una básica fórmula en los últimos decenios: los extrapagos de contratistas en la obra pública.
Si se incurre en el ridículo político al acusar de corrupto a un partido y no poderlo probar, ni en la cámara ni en los tribunales, aún es mayor cuando se acepta rectificar y retirar la imputación a cambio de tu propia estabilidad política o la reforma del Estatut.
Un despropósito poner el consenso del Estatut en almoneda porque si permitieran a los ciudadanos elegir entre erradicar la corrupción o aprobar un nuevo y más ambicioso Estatut, más de uno no tendría dudas: acabar primero con la corrupción, con los corruptos y los corruptores. Otros, claro, preferirán identidad al precio que sea.
La Fiscalia de Catalunya ya ha abierto diligencias para investigar las acusaciones de Maragall. Porque la disyuntiva aparenta ser muy simple:
Si es cierto lo que dijo Maragall, se debe investigar.
Y si lo es, ¿por qué se rectifica? ¿Acepta taparlo?
Y si no lo es, ¿por qué lo dijo?
¿Rectifica porque tan sólo se refería a un rumor no acreditado?
¿En ese caso, con qué responsabilidad dio carta de naturaleza al bulo?
Joaquim Nadal fue más preciso en su informe al pleno del Parlament al explicar que entre las medidas adoptadas por el Govern, no era menos importante la de acabar con un sistema perverso en la contratación de obras, que ha concentrado volumen de obra y riesgo en unas pocas compañías, retirando la discrecionalidad en la contratación al modificar los pliegos de condiciones.
Felip Puig (CiU) también lo dejó muy claro cuando atribuyó el hundimiento del Carmel precisamente a ese cambio impulsado por el Govern, "porque ha roto el círculo de excelencia y de confianza que ha funcionado durante años" entre contratistas y administración.
Algunas de las dos excelencias falla. Pese a la rectificación, la bomba Maragall ha generado un auténtico socavón en la legislatura, que queda herida de muerte. Una estridente explosión ha reventado el silencio que acallaba las voces del rumor. A los ciudadanos nos queda el derecho a que nos expliquen qué es eso del tres por ciento.
Espacio de reflexión, desfogue y mesura, para su difusión 'urbi et orbi'... y volveré
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viernes, febrero 25, 2005
sábado, febrero 12, 2005
Cemento, solución y riesgo
La inyección de cemento en el túnel de maniobra, que se ha planteado como solución para asegurar el terreno del subsuelo en el Carmel, es a un tiempo un factor de riesgo futuro, que sin duda los técnicos habrán evaluado, tanto para evitar que provoque nuevos deslizamientos de un subsuelo inestable como por la incidencia que tendrá en los cursos de aguas subterráneas.
Entre otras precauciones a adoptar, me destacan expertos en obra pública consultados, no es menor el empleo de un relleno ligero que minimice el peso del hormigoneado. El cemento que se debería estar usando para cegar el túnel debería ser autocompactante, Self Compacting Concrete (SCC), que suprime la fase de vibrado del cemento, consolidándose simplemente por su propio peso gracias a los aditivos químicos que lleva.
El hormigón se va inyectando a presión formando sucesivas capas, normalmente para prevenir agrietamientos por efecto térmico. Se utiliza un cemento de bajo calor de hidratación, además de un aditivo compensador de retracción.
Existen precedentes de uso de cantidades similares de m3 de este tipo de hormigón. Por ejemplo, en el proyecto hidroeléctrico Cleuson Dixense (Suiza), donde se colocaron en total 73.000 m3 de SCC de distintos tipos. En la parte horizontal del túnel, para rellenar el espacio dejado entre la roca y el revestimiento, se usaron 20.500 m3 con una fluidez de 55 cm después de 2 horas y una resistencia de 35 MPa. En la parte inclinada y zona de la chimenea de equilibrio, para relleno entre la roca y la bóveda de acero, se colocaron 35.000 m3 de SCC, mediante canoas inclinadas con pendientes de hasta un 68%, 910 m de longitud y velocidad de escurrimiento de 80 m por minuto.
Todos ellos son ejemplos de aplicación en construcción, ya que el sellado de un túnel colapsado de las características del Carmel es poco común, pero el comportamiento por volumen se puede considerar muy similar.
Siendo una fase de inyección por alta presión y no teniendo estudios fidedignos de la situación geólogica actual, el experto consultado entiende que sería conveniente ampliar la zona de seguridad porque este tipo de actuación es más complicada que el simple rellenado de un agujero y requiere de estudios previos que, al menos no consta, se hayan podido realizar en este caso.
El hormigoneado se realiza no sólo para cegar el túnel, sino también para cubrir todas las hoquedades y vacíos del terreno producidos por el arrastre incontrolado de las aguas de la riera subterránea. Se realiza con un hormigón más fluido de lo normal precisamente para lograr una mejor penetración y así crear una malla subterránea ramificada de hormigón que permita al bloque general cegado del túnel de servicio un mejor agarre y sustentación.
Así, el hormigón tiene un menor peso por densidad que el usado para el primer y segundo taponado. Pero el problema ahora es saber si la expansión por el fraguado de este hormigón en las grietas de placas de pizarra existentes en la zona originará posteriores fracturas de las mismas. Al respecto, me apunta el citado experto que se han constatado problemas de asentamiento en la calle Tolrá, lo que podría indicar la nueva dirección que se ha creado en una riera.
Entre otras precauciones a adoptar, me destacan expertos en obra pública consultados, no es menor el empleo de un relleno ligero que minimice el peso del hormigoneado. El cemento que se debería estar usando para cegar el túnel debería ser autocompactante, Self Compacting Concrete (SCC), que suprime la fase de vibrado del cemento, consolidándose simplemente por su propio peso gracias a los aditivos químicos que lleva.
El hormigón se va inyectando a presión formando sucesivas capas, normalmente para prevenir agrietamientos por efecto térmico. Se utiliza un cemento de bajo calor de hidratación, además de un aditivo compensador de retracción.
Existen precedentes de uso de cantidades similares de m3 de este tipo de hormigón. Por ejemplo, en el proyecto hidroeléctrico Cleuson Dixense (Suiza), donde se colocaron en total 73.000 m3 de SCC de distintos tipos. En la parte horizontal del túnel, para rellenar el espacio dejado entre la roca y el revestimiento, se usaron 20.500 m3 con una fluidez de 55 cm después de 2 horas y una resistencia de 35 MPa. En la parte inclinada y zona de la chimenea de equilibrio, para relleno entre la roca y la bóveda de acero, se colocaron 35.000 m3 de SCC, mediante canoas inclinadas con pendientes de hasta un 68%, 910 m de longitud y velocidad de escurrimiento de 80 m por minuto.
Todos ellos son ejemplos de aplicación en construcción, ya que el sellado de un túnel colapsado de las características del Carmel es poco común, pero el comportamiento por volumen se puede considerar muy similar.
Siendo una fase de inyección por alta presión y no teniendo estudios fidedignos de la situación geólogica actual, el experto consultado entiende que sería conveniente ampliar la zona de seguridad porque este tipo de actuación es más complicada que el simple rellenado de un agujero y requiere de estudios previos que, al menos no consta, se hayan podido realizar en este caso.
El hormigoneado se realiza no sólo para cegar el túnel, sino también para cubrir todas las hoquedades y vacíos del terreno producidos por el arrastre incontrolado de las aguas de la riera subterránea. Se realiza con un hormigón más fluido de lo normal precisamente para lograr una mejor penetración y así crear una malla subterránea ramificada de hormigón que permita al bloque general cegado del túnel de servicio un mejor agarre y sustentación.
Así, el hormigón tiene un menor peso por densidad que el usado para el primer y segundo taponado. Pero el problema ahora es saber si la expansión por el fraguado de este hormigón en las grietas de placas de pizarra existentes en la zona originará posteriores fracturas de las mismas. Al respecto, me apunta el citado experto que se han constatado problemas de asentamiento en la calle Tolrá, lo que podría indicar la nueva dirección que se ha creado en una riera.
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martes, febrero 08, 2005
Esclavitud en España
Estamos en España, Europa. Vivimos en pleno siglo XXI, año 2005, y sin embargo, hay esclavitud en España. Una legión de ciudadanos han quedado cautivos de las operadores de telefonía proveedoras de acceso a internet.
El escándalo ya va siendo mayúsculo, y el periodista Antonio Cerrillo lo ha explicado muy bien en "La Vanguardia" (*Cuando el contrato de internet es una cárcel*, página 38 del día 8 de febrero de 2005), diario que se ha caracterizado por venir publicando profusión de cartas de los lectores denunciando su situación irresuelta.
Pudieron solicitar el alta de Internet por teléfono (todo facilidades) pero cuando han necesitado cursar la baja les ha sido imposible. No sólo cuentan algunos usuarios damnificados que les han bloqueado la línea telefónica (pese a ser un servicio prestado por otra operadora), sino que les han seguido cargando los recibos y que, si no son abonados, pasan a la lista de morosos.
Son ciudadanos cautivos de una práctica vergonzosa que incurre de modo flagrante en una herejía económica a estas alturas del siglo: pasarse por el mismísimo arco del triunfo el más básico respeto a la libre competencia.
Sorprende que la Administración no intervenga y, encima, hasta guarde silencio. La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (esa que se preocupa tanto de que la remuevan de Madrid a Barcelona) ni se mueve. La AUI solicitó hace dos años que acabara con la cláusula que impone contratos mínimos de un año y estableciera una regulación por la que cualquier usuario de internet pudiera cambiar de proveedor de acceso a la red cuando lo requisiera.
Las mayores quejas van contra la francesa Wanadoo, con la que este periodista puede acreditar su propio calvario, pero no es la única. Un auténtico fraude de ley que mantiene a los internautas prisioneros de un contrato que les convierte en esclavos de un señor que no rinde cuentas ni a la propia Administración.
No deje de consultar, si está interesado, el monográfico *Conexión* en La Vanguardia.es.
El escándalo ya va siendo mayúsculo, y el periodista Antonio Cerrillo lo ha explicado muy bien en "La Vanguardia" (*Cuando el contrato de internet es una cárcel*, página 38 del día 8 de febrero de 2005), diario que se ha caracterizado por venir publicando profusión de cartas de los lectores denunciando su situación irresuelta.
Pudieron solicitar el alta de Internet por teléfono (todo facilidades) pero cuando han necesitado cursar la baja les ha sido imposible. No sólo cuentan algunos usuarios damnificados que les han bloqueado la línea telefónica (pese a ser un servicio prestado por otra operadora), sino que les han seguido cargando los recibos y que, si no son abonados, pasan a la lista de morosos.
Son ciudadanos cautivos de una práctica vergonzosa que incurre de modo flagrante en una herejía económica a estas alturas del siglo: pasarse por el mismísimo arco del triunfo el más básico respeto a la libre competencia.
Sorprende que la Administración no intervenga y, encima, hasta guarde silencio. La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (esa que se preocupa tanto de que la remuevan de Madrid a Barcelona) ni se mueve. La AUI solicitó hace dos años que acabara con la cláusula que impone contratos mínimos de un año y estableciera una regulación por la que cualquier usuario de internet pudiera cambiar de proveedor de acceso a la red cuando lo requisiera.
Las mayores quejas van contra la francesa Wanadoo, con la que este periodista puede acreditar su propio calvario, pero no es la única. Un auténtico fraude de ley que mantiene a los internautas prisioneros de un contrato que les convierte en esclavos de un señor que no rinde cuentas ni a la propia Administración.
No deje de consultar, si está interesado, el monográfico *Conexión* en La Vanguardia.es.
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viernes, febrero 04, 2005
Aflora la Barcelona subterránea
Explica hoy La Vanguardia que el llamado "método austríaco" está prohibido en Madrid, mientras recibe alta estima en Barcelona. Me explica un experto en materia de obra pública que el problema está en que se usa un método inadecuado (pero más rápido) para perforar en unos terrenos complicados geológicamente, y que tal perforación ha generado esa falla en el terreno.
Augura además que las vibraciones de la tuneladora originarán fallas en todos los terrenos no consolidados geológicamente, terrenos de aluvión o de sedimentación, que serán más graves en función del tipo de construcción de los edificios y dependiendo de si éstos están, como en el caso del Carmel, en cuesta.
El estudio de las aguas freáticas no es ajeno al problema. Barcelona, una pendiente entre la sierra de Collcerola y el Mediterráneo, está surcada de multitud de rieras y torrentes subterráneos que van a parar al mar. El túnel del metro constituye por su trazado un muro pantalla estanco -como en su momento se comprobó pueden causar las autopistas en el territorio- que ocasiona desviaciones de esas corrientes subterráneas que, al cambiar de curso y dirección, afloran en lugares insospechados y hasta el momento libres de esos problemas.
Sobre el relleno con hormigón de los agujeros surgidos, entiende el conocedor en la materia que "ha sido peor el remedio que la enfermedad", porque el tipo de terreno no está preparado para soportar el peso desmesurado de un bloque de tantas toneladas sin que genere un asiento posterior e incontrolado de la sedimentación, esto es, un nuevo hundimiento.
La obra del metro tiene problemas presupuestarios conocidos -como todas- y ha causado ya otras fisuras en edificios de las zonas de paso. Se inició con una administración y ha continuado con otra, lo cual debería ser transparente a efectos de función pública. Habría que saber si algo ha podido pasar con el cambio de contrata de la empresa inicial a la pública Gisa.
Si esas consideraciones son válidas para el túnel de maniobra (el que se ha hundido) y apoyo al túnel principal de la línea 5 del metro, deberían serlo igualmente para el propio túnel de la L5 y el de la línea 9, también en construcción, o el del AVE.
Todas las señales de alarma se han encendido pues, y la Generalitat ha ordenado revisar esas obras de infraestructura. Por mucho que se trata de obras públicas, en consecuencia de ejecución administrativa bajo la responsabilidad y tutela de profesionales cuerpos de funcionarios (ingenieros, geólogos, etc.), la autoridad es política, las consecuencias de la "chapuza subterránea" tienen una lectura política y las administraciones tienen contraida su propia responsabilidad.
No sólo en materia de seguridad, sobre la que hasta ahora han mostrado eficiencia a pesar de ese rocambolesco quiebro de haber autorizado el retorno a una vivienda para recabar en horas su urgente desalojo, o en materia de asistencia inmediata a los vecinos afectados.
Un gabinete de crisis (cuatro consejeros de la Generalitat y cuatro concejales de Barcelona) coordina las labores, y a cada informe recibido autoriza una nueva demolición (van cuatro) o la acción que pertoque, y ha supervisado el realojamiento provisional de los vecinos. Clos ya habla de meses.
Generalitat y Ayuntamiento tendrán que evaluar muy bien para el futuro que en determinadas obras estructurales, básicas, ni las prisas son buenas consejeras ni los recortes presupuestarios recetas rentables: pan para hoy y hambre para mañana.
Esa debería ser una responsabilidad contraida como conclusión al derrumbe de El Carmel, pero otra no menor es asumir, como una derivada más del desastre, que los vecinos afectados y sin casa no deberían pagar un duro por un nuevo domicilio de las mismas características y en el mismo entorno, eso sí, con un subsuelo seguro y no sólo "hormigoneado".
Ha ocurrido en El Carmel, un barrio capital de la Barcelona de los años cincuenta, esos años en los que todo se realizaba de cualquier manera y los vecinos perdían, con cada lluvia torrencial, coches y enseres al ver sus calles convertidas en torrenteras, ¿o no recordamos los daños que hubo en la Peira a finales de los setenta?
Con la llegada de los ayuntamientos democráticos, en el 79, el alcalde de Barcelona, entonces Narcís Serra, acometió una obra básica que el ciudadano no percibía por subterránea: encauzar torrenteras, ensanchar cloacas, proveer de depósitos para regular las avenidas de aguas. Ahora ya no se recuerda porque la obra relegó al olvido las constantes torrenteras que originaban las lluvias de septiembre. Fue esa, entonces, una inversión básica. Primero se sanearon los bajos de la ciudad y luego, ya con el 92, se hizo el lavado de cara.
La administración tiene ahora cuatro problemas sobre la mesa: un malestar urbano que debe atender, unas necesidades que satifacer y daños a reparar, un potente socavón "recauchutado" con cemento pesado y varios túneles en marcha o proyectados sobre un subsuelo puesto en entredicho. Le corresponde obrar de nuevo con el foco puesto en el largo plazo y no la lupa sobre la celeridad con que deben ejecutarse unas obras ferroviarias, por muy imprescindibles que sean y vengan llegando con notable retraso.
Augura además que las vibraciones de la tuneladora originarán fallas en todos los terrenos no consolidados geológicamente, terrenos de aluvión o de sedimentación, que serán más graves en función del tipo de construcción de los edificios y dependiendo de si éstos están, como en el caso del Carmel, en cuesta.
El estudio de las aguas freáticas no es ajeno al problema. Barcelona, una pendiente entre la sierra de Collcerola y el Mediterráneo, está surcada de multitud de rieras y torrentes subterráneos que van a parar al mar. El túnel del metro constituye por su trazado un muro pantalla estanco -como en su momento se comprobó pueden causar las autopistas en el territorio- que ocasiona desviaciones de esas corrientes subterráneas que, al cambiar de curso y dirección, afloran en lugares insospechados y hasta el momento libres de esos problemas.
Sobre el relleno con hormigón de los agujeros surgidos, entiende el conocedor en la materia que "ha sido peor el remedio que la enfermedad", porque el tipo de terreno no está preparado para soportar el peso desmesurado de un bloque de tantas toneladas sin que genere un asiento posterior e incontrolado de la sedimentación, esto es, un nuevo hundimiento.
La obra del metro tiene problemas presupuestarios conocidos -como todas- y ha causado ya otras fisuras en edificios de las zonas de paso. Se inició con una administración y ha continuado con otra, lo cual debería ser transparente a efectos de función pública. Habría que saber si algo ha podido pasar con el cambio de contrata de la empresa inicial a la pública Gisa.
Si esas consideraciones son válidas para el túnel de maniobra (el que se ha hundido) y apoyo al túnel principal de la línea 5 del metro, deberían serlo igualmente para el propio túnel de la L5 y el de la línea 9, también en construcción, o el del AVE.
Todas las señales de alarma se han encendido pues, y la Generalitat ha ordenado revisar esas obras de infraestructura. Por mucho que se trata de obras públicas, en consecuencia de ejecución administrativa bajo la responsabilidad y tutela de profesionales cuerpos de funcionarios (ingenieros, geólogos, etc.), la autoridad es política, las consecuencias de la "chapuza subterránea" tienen una lectura política y las administraciones tienen contraida su propia responsabilidad.
No sólo en materia de seguridad, sobre la que hasta ahora han mostrado eficiencia a pesar de ese rocambolesco quiebro de haber autorizado el retorno a una vivienda para recabar en horas su urgente desalojo, o en materia de asistencia inmediata a los vecinos afectados.
Un gabinete de crisis (cuatro consejeros de la Generalitat y cuatro concejales de Barcelona) coordina las labores, y a cada informe recibido autoriza una nueva demolición (van cuatro) o la acción que pertoque, y ha supervisado el realojamiento provisional de los vecinos. Clos ya habla de meses.
Generalitat y Ayuntamiento tendrán que evaluar muy bien para el futuro que en determinadas obras estructurales, básicas, ni las prisas son buenas consejeras ni los recortes presupuestarios recetas rentables: pan para hoy y hambre para mañana.
Esa debería ser una responsabilidad contraida como conclusión al derrumbe de El Carmel, pero otra no menor es asumir, como una derivada más del desastre, que los vecinos afectados y sin casa no deberían pagar un duro por un nuevo domicilio de las mismas características y en el mismo entorno, eso sí, con un subsuelo seguro y no sólo "hormigoneado".
Ha ocurrido en El Carmel, un barrio capital de la Barcelona de los años cincuenta, esos años en los que todo se realizaba de cualquier manera y los vecinos perdían, con cada lluvia torrencial, coches y enseres al ver sus calles convertidas en torrenteras, ¿o no recordamos los daños que hubo en la Peira a finales de los setenta?
Con la llegada de los ayuntamientos democráticos, en el 79, el alcalde de Barcelona, entonces Narcís Serra, acometió una obra básica que el ciudadano no percibía por subterránea: encauzar torrenteras, ensanchar cloacas, proveer de depósitos para regular las avenidas de aguas. Ahora ya no se recuerda porque la obra relegó al olvido las constantes torrenteras que originaban las lluvias de septiembre. Fue esa, entonces, una inversión básica. Primero se sanearon los bajos de la ciudad y luego, ya con el 92, se hizo el lavado de cara.
La administración tiene ahora cuatro problemas sobre la mesa: un malestar urbano que debe atender, unas necesidades que satifacer y daños a reparar, un potente socavón "recauchutado" con cemento pesado y varios túneles en marcha o proyectados sobre un subsuelo puesto en entredicho. Le corresponde obrar de nuevo con el foco puesto en el largo plazo y no la lupa sobre la celeridad con que deben ejecutarse unas obras ferroviarias, por muy imprescindibles que sean y vengan llegando con notable retraso.
jueves, febrero 03, 2005
El Carmel, esto se hunde
Barcelona tiene un barrio popular, menesteroso, que se ha forjado a si mismo, casa a casa, ladrillo a ladrillo, fielmente retratado en las "Últimas tardes con Teresa" del recordado Juan Marsé. Es El Carmel.
El Carmel vive en el desasosiego desde que se produjera un socavón por las obras del Metro, que obligó a desalojar a 864 personas el primer día. Son ya más de mil las desalojadas desde el 27 de enero.
Desde entonces hemos sabido que el túnel de apoyo construido para las obras en marcha no tenía papeles: simplemente se había modificado el trazado previamente autorizado con un par de huevos. ¿Quién?
Se hundió un inmueble, afortunadamente sin víctimas; se derribó el adyacente por seguridad; se procedió a inyectar hormigón en el agujero ocasionado; se evaluaron los daños y se autorizó el regreso de las primeras familias a su casa.
Pero en apenas horas se descubrió que el socavón era mayor de lo estimado y que... seguía más allá por el subsuelo. Los técnicos han recomendado ya la demolición de dos edificios más, uno de ellos, 24 horas después de que las autoridades permitieran el regreso a casa de sus inquilinos.
Se dirá que lo más importante se ha conseguido: la caución que ha permitido desalojar a las personas y evitar daños en el accidente. Pero el derrumbe en El Carmel es algo más que un susto: un durísimo contratiempo en la vida de las familias desalojadas, una desgracia para personas humildes que han perdido vivienda y enseres de toda una vida.
En El Carmel se respiran aires de revuelta popular, porque el barrio se hunde, toda una vida de sacrificios reducida a escombros.
La noticia comenzó en las páginas de sucesos o en las de información local de los diarios, pero pronto veremos cómo ocupa las páginas de la información política, porque ésta no es una desgracia natural sino artificial.
Alguien ha hecho mal las cosas, no importa cuando, y los damnificados tienen derecho a reclamar justicia, daños y perjuicios.
El Carmel vive en el desasosiego desde que se produjera un socavón por las obras del Metro, que obligó a desalojar a 864 personas el primer día. Son ya más de mil las desalojadas desde el 27 de enero.
Desde entonces hemos sabido que el túnel de apoyo construido para las obras en marcha no tenía papeles: simplemente se había modificado el trazado previamente autorizado con un par de huevos. ¿Quién?
Se hundió un inmueble, afortunadamente sin víctimas; se derribó el adyacente por seguridad; se procedió a inyectar hormigón en el agujero ocasionado; se evaluaron los daños y se autorizó el regreso de las primeras familias a su casa.
Pero en apenas horas se descubrió que el socavón era mayor de lo estimado y que... seguía más allá por el subsuelo. Los técnicos han recomendado ya la demolición de dos edificios más, uno de ellos, 24 horas después de que las autoridades permitieran el regreso a casa de sus inquilinos.
Se dirá que lo más importante se ha conseguido: la caución que ha permitido desalojar a las personas y evitar daños en el accidente. Pero el derrumbe en El Carmel es algo más que un susto: un durísimo contratiempo en la vida de las familias desalojadas, una desgracia para personas humildes que han perdido vivienda y enseres de toda una vida.
En El Carmel se respiran aires de revuelta popular, porque el barrio se hunde, toda una vida de sacrificios reducida a escombros.
La noticia comenzó en las páginas de sucesos o en las de información local de los diarios, pero pronto veremos cómo ocupa las páginas de la información política, porque ésta no es una desgracia natural sino artificial.
Alguien ha hecho mal las cosas, no importa cuando, y los damnificados tienen derecho a reclamar justicia, daños y perjuicios.
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