Esclavitud en España

Estamos en España, Europa. Vivimos en pleno siglo XXI, año 2005, y sin embargo, hay esclavitud en España. Una legión de ciudadanos han quedado cautivos de las operadores de telefonía proveedoras de acceso a internet.

El escándalo ya va siendo mayúsculo, y el periodista Antonio Cerrillo lo ha explicado muy bien en "La Vanguardia" (*Cuando el contrato de internet es una cárcel*, página 38 del día 8 de febrero de 2005), diario que se ha caracterizado por venir publicando profusión de cartas de los lectores denunciando su situación irresuelta.

Pudieron solicitar el alta de Internet por teléfono (todo facilidades) pero cuando han necesitado cursar la baja les ha sido imposible. No sólo cuentan algunos usuarios damnificados que les han bloqueado la línea telefónica (pese a ser un servicio prestado por otra operadora), sino que les han seguido cargando los recibos y que, si no son abonados, pasan a la lista de morosos.

Son ciudadanos cautivos de una práctica vergonzosa que incurre de modo flagrante en una herejía económica a estas alturas del siglo: pasarse por el mismísimo arco del triunfo el más básico respeto a la libre competencia.

Sorprende que la Administración no intervenga y, encima, hasta guarde silencio. La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (esa que se preocupa tanto de que la remuevan de Madrid a Barcelona) ni se mueve. La AUI solicitó hace dos años que acabara con la cláusula que impone contratos mínimos de un año y estableciera una regulación por la que cualquier usuario de internet pudiera cambiar de proveedor de acceso a la red cuando lo requisiera.

Las mayores quejas van contra la francesa Wanadoo, con la que este periodista puede acreditar su propio calvario, pero no es la única. Un auténtico fraude de ley que mantiene a los internautas prisioneros de un contrato que les convierte en esclavos de un señor que no rinde cuentas ni a la propia Administración.

No deje de consultar, si está interesado, el monográfico *Conexión* en La Vanguardia.es.