Aflora la Barcelona subterránea

Explica hoy La Vanguardia que el llamado "método austríaco" está prohibido en Madrid, mientras recibe alta estima en Barcelona. Me explica un experto en materia de obra pública que el problema está en que se usa un método inadecuado (pero más rápido) para perforar en unos terrenos complicados geológicamente, y que tal perforación ha generado esa falla en el terreno.

Augura además que las vibraciones de la tuneladora originarán fallas en todos los terrenos no consolidados geológicamente, terrenos de aluvión o de sedimentación, que serán más graves en función del tipo de construcción de los edificios y dependiendo de si éstos están, como en el caso del Carmel, en cuesta.

El estudio de las aguas freáticas no es ajeno al problema. Barcelona, una pendiente entre la sierra de Collcerola y el Mediterráneo, está surcada de multitud de rieras y torrentes subterráneos que van a parar al mar. El túnel del metro constituye por su trazado un muro pantalla estanco -como en su momento se comprobó pueden causar las autopistas en el territorio- que ocasiona desviaciones de esas corrientes subterráneas que, al cambiar de curso y dirección, afloran en lugares insospechados y hasta el momento libres de esos problemas.

Sobre el relleno con hormigón de los agujeros surgidos, entiende el conocedor en la materia que "ha sido peor el remedio que la enfermedad", porque el tipo de terreno no está preparado para soportar el peso desmesurado de un bloque de tantas toneladas sin que genere un asiento posterior e incontrolado de la sedimentación, esto es, un nuevo hundimiento.

La obra del metro tiene problemas presupuestarios conocidos -como todas- y ha causado ya otras fisuras en edificios de las zonas de paso. Se inició con una administración y ha continuado con otra, lo cual debería ser transparente a efectos de función pública. Habría que saber si algo ha podido pasar con el cambio de contrata de la empresa inicial a la pública Gisa.

Si esas consideraciones son válidas para el túnel de maniobra (el que se ha hundido) y apoyo al túnel principal de la línea 5 del metro, deberían serlo igualmente para el propio túnel de la L5 y el de la línea 9, también en construcción, o el del AVE.

Todas las señales de alarma se han encendido pues, y la Generalitat ha ordenado revisar esas obras de infraestructura. Por mucho que se trata de obras públicas, en consecuencia de ejecución administrativa bajo la responsabilidad y tutela de profesionales cuerpos de funcionarios (ingenieros, geólogos, etc.), la autoridad es política, las consecuencias de la "chapuza subterránea" tienen una lectura política y las administraciones tienen contraida su propia responsabilidad.

No sólo en materia de seguridad, sobre la que hasta ahora han mostrado eficiencia a pesar de ese rocambolesco quiebro de haber autorizado el retorno a una vivienda para recabar en horas su urgente desalojo, o en materia de asistencia inmediata a los vecinos afectados.

Un gabinete de crisis (cuatro consejeros de la Generalitat y cuatro concejales de Barcelona) coordina las labores, y a cada informe recibido autoriza una nueva demolición (van cuatro) o la acción que pertoque, y ha supervisado el realojamiento provisional de los vecinos. Clos ya habla de meses.

Generalitat y Ayuntamiento tendrán que evaluar muy bien para el futuro que en determinadas obras estructurales, básicas, ni las prisas son buenas consejeras ni los recortes presupuestarios recetas rentables: pan para hoy y hambre para mañana.

Esa debería ser una responsabilidad contraida como conclusión al derrumbe de El Carmel, pero otra no menor es asumir, como una derivada más del desastre, que los vecinos afectados y sin casa no deberían pagar un duro por un nuevo domicilio de las mismas características y en el mismo entorno, eso sí, con un subsuelo seguro y no sólo "hormigoneado".

Ha ocurrido en El Carmel, un barrio capital de la Barcelona de los años cincuenta, esos años en los que todo se realizaba de cualquier manera y los vecinos perdían, con cada lluvia torrencial, coches y enseres al ver sus calles convertidas en torrenteras, ¿o no recordamos los daños que hubo en la Peira a finales de los setenta?

Con la llegada de los ayuntamientos democráticos, en el 79, el alcalde de Barcelona, entonces Narcís Serra, acometió una obra básica que el ciudadano no percibía por subterránea: encauzar torrenteras, ensanchar cloacas, proveer de depósitos para regular las avenidas de aguas. Ahora ya no se recuerda porque la obra relegó al olvido las constantes torrenteras que originaban las lluvias de septiembre. Fue esa, entonces, una inversión básica. Primero se sanearon los bajos de la ciudad y luego, ya con el 92, se hizo el lavado de cara.

La administración tiene ahora cuatro problemas sobre la mesa: un malestar urbano que debe atender, unas necesidades que satifacer y daños a reparar, un potente socavón "recauchutado" con cemento pesado y varios túneles en marcha o proyectados sobre un subsuelo puesto en entredicho. Le corresponde obrar de nuevo con el foco puesto en el largo plazo y no la lupa sobre la celeridad con que deben ejecutarse unas obras ferroviarias, por muy imprescindibles que sean y vengan llegando con notable retraso.